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Aplicarán la Ley Pierri en Ingeniero Huergo
La Ley 24.374 permitirá acceder a la escrituración de una vivienda mientras se acredite como mínimo diez años de posesión pacífica y continuada, proceso que evitará la vía judicial por usucapión, que demanda más tiempo y es más oneroso.
Fecha: 25 de abril de 2018
La aplicación de la Ley se realizará a partir de un convenio firmado por el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) Jorge Barragán y el intendente de Ingeniero Huergo, Miguel Ángel Martínez.
El convenio dispone que el IPPV coordinará con la Municipalidad de Ingeniero Huergo, a los efectos de la regularización, la realización de los respectivos relevamientos de la realidad dominial en el ejido Municipal que le corresponde, como instrumento de colaboración entre ambos.
Asimismo, el IPPV como autoridad de aplicación, facilitará las herramientas administrativas pertinentes para que el municipio realice tanto las tareas de localización y mensura de los lotes involucrados como así también los trámites correspondientes para la confección de un Registro de Solicitantes para acogerse a los beneficios del Régimen de Regularización Dominial.
De esta manera Ingeniero Huergo se suma a la nómina de municipios con los que se realizaron acuerdos de aplicación de la mencionada ley en sus localidades.
Cabe recordar que la normativa mencionada establece los beneficios a los ocupantes que con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1º de enero de 2009, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación.
La Ley de Regularización Dominial, habitualmente conocida como Ley Pierri, nació como un instrumento jurídico destinado a sanear las dificultades de los ciudadanos para lograr escriturar sus viviendas, en la búsqueda de brindar respuesta a quienes, dados sus escasos recursos y medios, no pudieron completar los trámites que consoliden la propiedad sobre sus hogares, como parte de las políticas sociales de vivienda enderezadas a mejorar la situación de aquellos de más bajos recursos.