Río Negro aprobó el protocolo de intervención en casos de trabajo infantil

La medida busca fortalecer los mecanismos de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como proteger el trabajo adolescente conforme a la legislación vigente.

Hoy, 20 de noviembre, mientras el mundo conmemora el Día de la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU, Río Negro reafirma su compromiso con los derechos de niñas, niños y adolescentes, siguiendo los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22.

Un compromiso para proteger la infancia

El protocolo aprobado está en línea con leyes nacionales y provinciales como la Ley Nacional 26.390, que prohíbe el trabajo infantil y eleva la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años, y la Ley Provincial 4109, que promueve políticas de protección integral para la infancia. También responde a la urgente necesidad de crear herramientas que articulen esfuerzos entre organismos gubernamentales y sociales, y establece acciones claras para prevenir, detectar y erradicar el trabajo infantil.

Entre los puntos destacados, se define al trabajo infantil como cualquier actividad económica, remunerada o no, realizada por menores de 16 años, y enfatiza que la erradicación de esta problemática debe ser una política de Estado que involucre a toda la ciudadanía.

La implementación de este protocolo cobra especial relevancia ante la inminente llegada de la temporada de cosecha en la provincia, un período crítico en el que muchas familias migrantes o en situación de vulnerabilidad participan en actividades agrícolas.

El protocolo establece directrices clave para diferenciar entre el trabajo infantil, que está prohibido en todas sus formas, y el trabajo adolescente, que debe realizarse bajo estrictas condiciones que protejan los derechos de las y los jóvenes trabajadores. Esto incluye la obligatoriedad de horarios reducidos respecto de los trabajadores adultos, así como el cumplimiento de todas las normativas vinculadas a la seguridad e higiene laboral.

En un contexto donde las infancias suelen ser las más afectadas por las demandas económicas de las familias, estas medidas buscan garantizar que ningún niño o niña se vea forzado a sacrificar su educación o desarrollo integral para trabajar en la cosecha.

Un desafío estructural

El decreto reconoce que el trabajo infantil persiste en contextos de vulnerabilidad, donde niñas, niños y adolescentes, junto a sus familias, se ven obligados a destinar su tiempo a actividades económicas en lugar de disfrutar de su derecho a la educación y a una infancia plena.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, las niñas suelen ser invisibilizadas en las estadísticas, ya que muchas trabajan en actividades no reguladas como tareas domésticas intensivas, labores agrícolas de pequeña escala o en situaciones de explotación. Este fenómeno exige una coordinación efectiva entre los sistemas de protección infantil y los organismos de inspección laboral.

La aplicación del protocolo

La Secretaría de Trabajo, que preside y coordina la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), será la autoridad de aplicación del protocolo. Esta instancia será clave para garantizar la implementación de medidas destinadas a proteger los derechos de la infancia y a sancionar las violaciones a estas normativas.

El protocolo también establece la obligación de los funcionarios públicos de recibir denuncias sobre vulneración de derechos y tramitar estos casos de manera gratuita y ágil, con el fin de garantizar justicia y reparación para las víctimas.

Al respecto, la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez expresó que “en una fecha tan significativa como el Día de la Declaración de los Derechos del Niño, reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación del trabajo infantil, una problemática que no puede ser aceptada ni normalizada en nuestra sociedad. La infancia no solo es un derecho fundamental, sino la base sobre la cual construiremos una sociedad más justa y equitativa. Protegerla no es solo una obligación del Estado, sino una responsabilidad compartida que involucra a cada sector de la comunidad”.

Agregó además que “este protocolo es un paso concreto hacia la construcción de un presente más seguro y digno para nuestras niñas, niños y adolescentes, especialmente en un contexto donde las labores rurales presentan desafíos particulares. Garantizar condiciones justas y seguras para el trabajo adolescente y combatir el trabajo infantil es clave para romper ciclos de vulnerabilidad y abrir caminos hacia un futuro con mayores oportunidades”.